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Protegiendo a Israel

Artículo desactualizado, publicado a manera de información

  • Fecha de publicación: Martes, 24 Enero 2012, 07:19 horas

Protegiendo a Israel

El Estado de Israel no puede permitirse tomar el riesgo de absorber a una población potencialmente peligrosa que, en el mejor de los casos, sea indiferente a los objetivos del sionismo.

Las críticas fueron veloces para atacar la decisión del miércoles, de la Corte Suprema, de defender la Ciudadanía y la Ley de Entrada, que restringe, severamente, el derecho de los palestinos casados con israelíes a recibir ciudadanía israelí.

 

Antes de correr a acusar a nuestra más encumbrada Corte de discriminación, racismo o peor, sería instructivo, en primer lugar, recordar cómo devino la Ley de Ciudadanía e Ingreso.
Las prohibiciones sobre “reunificación familiar” fueron introducidas, en primera instancia, por el Ministerio del Interior el 1º de abril, 2002, a continuación de un bombardeo suicida en el restaurante Matza, en el barrio Neveh Sha´anan, de Haifa, en el que fueron asesinados 16 israelíes y más de 40 resultaron heridos. El conductor del coche-bomba era un terrorista de Hamas, casado con una israelí y portaba una credencial de identidad israelí azul.

Desde la era de Oslo, alrededor de 130.000 palestinos ejercieron su derecho a adquirir la residencia o la ciudadanía israelí a través de la reunificación familiar, de acuerdo con cifras citadas por el Centro Metzilah en un estudio de 2009 titulado “Manejando la Migración Global: Una Estrategia para la Política Inmigratoria en Israel”.

Entre 2001 y 2010, hubo 54 casos en los que, palestinos, que recibieron ciudadanía israelí por matrimonio (o cuyos padres lo hicieron) fueron involucrados en actividades terroristas, de acuerdo con datos provistos por la Corte Suprema por el Estado.

Mientras que, la vasta mayoría de palestinos casados con árabes israelíes no son terroristas, es eminentemente razonable suponer que, miembros de un pueblo con el que Israel está en estado de conflicto, si no guerra, presente un riesgo alto. Y el Estado de Israel no solo tiene el derecho, sino la obligación, de proteger a sus ciudadanos.

Incluso en tiempos de paz, la jurisprudencia occidental apoya, fuertemente, el derecho de los legisladores de decidir, sin interferencia judicial, quienes pueden (y quienes no) ingresar al país y quienes puedan ser deportados, como destacó la Profesora Liav Orgad en un artículo (2008) titulado “Amor y Guerra: Migración Familiar en Tiempos de Emergencia Nacional”.
En el caso Fiallo v. Bell, por ejemplo, la Corte Suprema de EEUU apoyó el derecho del Congreso de negar la ciudadanía al padre de un niño ilegítimo de la ciudadanía estadounidense, mientras la reconocía para la madre, bajo la suposición que, los lazos con la madre, eran más fuertes.

Nueva Zelanda prohíbe la migración de esposas de ciudadanos extranjeros si no aprueban el test de índice de masa corporal, bajo la presunción que los inmigrantes obesos significan una carga para los servicios de salud.
Holanda prohíbe la migración familiar de personas que no hablan holandés o que no aceptan la cultura holandesa.
En Dinamarca, el matrimonio auspiciado por la migración es posible solo si ambos esposos son mayores de 24 años, y se encuentran por fuera de los matrimonios forzados.
Muchos países occidentales no reconocen el derecho de sus ciudadanos a establecer una familia con cualquiera que hayan elegido.

En tiempos de guerra esto es, todavía, más verdadero. La Comisión del 11 de septiembre, destacando que “para los terroristas, los documentos de viaje son tan importantes como las armas”, encontró que, las laxas políticas inmigratorias del gobierno estadounidense, hieren la seguridad nacional. Los 19 secuestradores del 11 de septiembre fueron admitidos, legalmente, en EEUU con visas de no- inmigrantes. A otros 18 terroristas, que operaron entre principios de los 1990 y 2004, se les otorgó status permanente debido a sus matrimonios con ciudadanas americanas.

Israel rodeado, como está, por enemigos, debe incluso ser más vigilante respecto a las políticas inmigratorias. Y esto es especialmente verdadero considerando el hecho que Israel fue creado para ser hogar nacional del pueblo judío, una pequeña minoría en una región dominada por Estados musulmanes. Israel lucha para integrar a los árabes israelíes (que totalizan el 20 % de la población), muchos de los cuales no se identifican con los principales objetivos de Israel como estado judío y democrático. Israel enfrenta el desafío que presenta una cantidad creciente de trabajadores extranjeros- legales e ilegales- que asciende a alrededor de 250.000 y la firme corriente de inmigrantes y refugiados (desde Sudán y Eritrea) que continúan llegando a Israel a través de Sinaí en una tasa de 2000 por mes.

Bajo las circunstancias, el Estado de Israel no puede permitirse tomar el riesgo de absorber a una población potencialmente peligrosa que, en el mejor de los casos, es indiferente a los objetivos del sionismo y, en muchas instancias, es absolutamente hostil a ellos. En lugar de ser atacados por discriminación racial o peor, la Corte Suprema debería ser elogiada por tomar una dura, aunque necesaria, decisión que encuentra un adecuado equilibrio entre el reconocimiento de la libertad personal y el mantenimiento de la integridad y la seguridad del único estado judío en el mundo.

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