La persecución injusta contra de los señores Netanyahu y Trump

En las investigaciones que está llevando a cabo el Congreso de Estados Unidos contra el presidente estadounidense, Donald Trump; y en los tribunales israelíes contra el primer ministro del Estado Judío, Benjamín Netanyahu, hay llamativas semejanzas, así como importantes diferencias.  La más sorprendente de las primeras, es que ambos están siendo investigados por actos que el legislador de cada uno de los países, no considera como delitos.

Es más, ningún Legislativo de un país sometido al imperio de la ley, es decir a una nación en la cual los poderes públicos están sometidos a las leyes y al ordenamiento jurídico, promulgaría una norma general que penalizara tales comportamientos.

Por lo tanto, las investigaciones de que están siendo objeto esos dos polémicos líderes se basan en el uso de leyes generales que nunca antes se habían considerado aplicables a ese tipo de comportamientos, y en estirarlas para atacar a precisamente a esos dos controvertidos líderes.

Luego de una investigación policial, el señor Netanyahu fue acusado por soborno el 21 de noviembre de 2019, por el fiscal general israelí Avichai Mandelblit, porque supuestamente acordó ayudar a una compañía mediática para que ofreciera una cobertura más positiva o menos negativa de su persona. Hay disputas sobre los hechos, pero incluso, aunque se consideren a la luz menos favorable para Netanyahu, no representa un delito de soborno.

También hay otro caso acusándolo de haber recibido obsequios a cambio de favores políticos, pero Netanyahu rechazó cualquier posibilidad de renunciar a su puesto de primer ministro, y prometió continuar dirigiendo el país “según lo estipulado por la ley”,  exigiendo que se forme un comité externo para “investigar a los investigadores”.  Por el otro lado, Avichai Mandelblit el jurista israelí que se desempeña como Fiscal General de Israel, ha dictaminado que Netanyahu puede continuar sirviendo como primer ministro interino, a pesar de las acusaciones en su contra.

Si se aceptara la acusación por haber influenciado la cobertura mediática positivamente, esto pondría en peligro, tanto la libertad de prensa como los procesos democráticos del gobierno. Los fiscales deben mantenerse al margen de las interacciones entre los políticos y los medios de comunicación, a menos que se definan específicamente como delitos.

El Kneset - el Parlamento israelí, jamás promulgaría una norma que convirtiera en delito el hecho de que un diputado vote de tal o cual manera para ganarse el favor de los medios.  Si llegara a aprobarse, todo los miembros del parlamento acabarían en la cárcel.   Los políticos siempre tratan de estar en buenas relaciones con los medios, y muchos votan teniendo eso bien presente.  Algunos incluso negocian las buenas coberturas antes de votar.  Por eso tienen jefes de prensa y consultores de medios.

Tampoco se podría redactar un estatuto razonable que penara la conducta de Netanyahu, pero no la de los demás miembros del Kneset que se afanan por tener una buena imagen mediática.   Por eso ningún Legislativo de ningún país sometido al imperio de la ley, ha considerado jamás una cobertura mediática favorable, como una condena por soborno.  Es por esta razón que la acusación contra Netanyahu no debería ser sancionada por los tribunales.

Basar una condena en una cobertura mediática positiva pondría en peligro la libertad de la prensa y los procesos democráticos de gobierno.  Los fiscales deberían mantenerse al margen de las interacciones entre los políticos y los medios, salvo que se cometan delitos específicamente definidos, y nadie debería ser enjuiciado por actos que el legislador nunca ha considerado ni debería considerar jamás delictivos.

El presidente Trump también está siendo investigado por un supuesto soborno. En un primer momento los demócratas pensaban que podrían someterlo a impeachment - es decir a juicio, por algo no delictivo: incompetencia, abuso de autoridad o conducta impropia.   Sin embargo, de acuerdo con la ley, ningún juicio sería constitucional si el presidente no fuese hallado culpable de cargos especificados en la Constitución, es decir de “traición, soborno y otros delitos y faltas menores”.  Así que los líderes demócratas se decidieron por el soborno.

En principio la denuncia se centró en una llamada entre Trump y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la cual se supuso que él había pedido ayuda a entidades extranjeras para ganar las elecciones estadounidenses, algo que es completamente ilegal.

Pero... ¿En qué se basaron para determinar esto?  En el centro de la historia está la queja de un denunciante, un funcionario de inteligencia no identificado, que escribió una carta expresando su preocupación por una llamada telefónica del pasado 25 de julio entre Trump y Zelensky.

No obstante, una transcripción de la llamada reveló que Trump había instado al presidente Zelensky a investigar acusaciones contra Joe y Hunter Biden.

Y entonces tuvieron que cambiar su denuncia, ahora el señor Trump está acusado de presionar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que encontrara información perjudicial sobre uno de sus principales rivales demócratas, Joe Biden, y su hijo Hunter.  Hunter trabajó para una empresa ucraniana cuando Joe Biden era vicepresidente de Estados Unidos.

El problema de este enfoque –similar al del caso Netanyahu– es que sencillamente no es un delito que un presidente utilice su poder en materia de política exterior para obtener ventajas políticas, bien sea para su partido o para sí mismo. Imaginen que el Congreso intentara sacar adelante una norma que definiera un abuso delictivo del poder en el ámbito de la política exterior y que para ello discerniera qué cosa fuera abuso político y qué abuso moral.

Los presidentes emprenden acciones militares para obtener ventajas políticas. Prestan ayuda a otros países para conseguir ser reelegidos. Nombran embajadores no por cuestiones de competencia sino para recompensar apoyos pasados y futuros. Nada de esto ha sido considerado nunca delictivo, y al Congreso jamás se le pasaría por la cabeza hacerlo.

¿Podría idearse un delito que penara el que alguien quisiera obtener provecho político personal, en vez de provecho político partidario, con la adopción de tal o cual medida? Lo dudamos. Pero, incluso si se pudiera, no lo ha hecho. Y si no lo ha hecho, ni el Congreso ni los fiscales pueden pretender criminalizar el ejercicio del poder de un presidente sobre la base de que no les gusta cómo gobierna, o incluso si lo hace abusivamente.

En un Estado de Derecho, lo fundamental es que nadie puede ser investigado, procesado o acusado salvo que vulnere prohibiciones inequívocas preexistentes. Ni los congresistas ni los fiscales pueden inventárselas sobre la marcha, porque tampoco ellos están por encima de la ley.

Ahora veamos las diferencias. Israel es una democracia parlamentaria donde el primer ministro puede ser destituido por una simple moción de confianza. No se requiere ni se necesita un mecanismo de impeachment. En cambio, Estados Unidos es una república con separación de poderes y un sistema de contrapesos.

Aunque las diferencias entre Israel y Estados Unidos son importantes, lo que les une es su sometimiento al imperio de la ley. Y en un Estado de Derecho digno de tal nombre, ni el señor Trump ni el señor Netanyahu serían condenados por soborno.

Oremos a Dios para que haga resplandecer la verdad.  Démosle gracias por el hecho de que Él está en control de todo, y pidámosle que deshaga toda traba política y espiritual, que el enemigo ponga ante esos líderes, los cuales son guiados por Él.

“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.  Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar; aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza.  Selah” (Salmo 46:1–3).