Los palestinos casados con israelíes no tienen derecho a la ciudadanía

La petición fue rechazada por una mayoría de seis magistrados contra cinco. Por una diferencia de un voto, los jueces dictaminaron que la enmienda a la Ley de Ciudadanía e Ingreso a Israel es constitucional, y que si los palestinos conseguirían el estatus de ciudadanos a través del casamiento constituirían una amenaza para la seguridad. Se considera que la ley ha impedido a miles de palestinos vivir con sus conyugues en Israel.

El Parlamento aprobó la ley en 2003, durante el pico más alto de violencia de la Segunda Intifada, cuando los terroristas de la Cisjordania (Judea y Samaria) ingresaban a menudo a Israel para perpetrar ataques suicidas contra hombres, mujeres, ancianos y niños.

"Los derechos humanos no son una prescripción para el suicido nacional", apuntó el juez Asher Grunis, expresando la opinión de la mayoría.

Según la legislación, cerca de 135 mil palestinos recibieron la ciudadanía israelí a través del matrimonio, entre 1994 y 2002. La gran mayoría de ellos se casaron con árabes israelíes. Esto constituyó un enorme aumento con respecto a los pocos cientos de casos que se registraron antes de 1994.

Cerca del 30 por ciento de los ciudadanos israelíes son árabes. Ellos comparten las mismas raíces que la comunidad palestina de la Cisjordania, Gaza y el exterior, y entre ambas colectividades se celebran frecuentemente casamientos.

La ley prohíbe la ciudadanía o la residencia a los conyugues palestinos varones menores de 35 años y a las mujeres mayores de 25, que se considera que constituyen un riesgo a la seguridad.

El portavoz de la Knéset (Parlamento), Reuvén Rivlin, elogió la decisión de la corte, destacando que los jueces actuaron con racionalidad. "No están negando a los israelíes su derecho a casarse con palestinos, simplemente se les pide a las parejas que se reúnan del otro lado de la frontera. Es una medida defensiva", explicó.

El ex ministro de Justicia, Daniel Friedman, manifestó que la decisión del tribunal supremo está en línea con las leyes de ciudadanía de otros países. "Ni siquiera la Corte Europea de Derechos Humanos reconoce el derecho automático de los ciudadanos a través del matrimonio", indicó Friedman.

En cambio, la presidente de la Corte Suprema, Dorit Beinish, y el resto de los jueces de la minoría se quejaban que los derechos constitucionales de igualdad ante la ley han sido comprometidos por la ley, que tiene un efecto desproporcionado sobre la minoría árabe.